4. RETOS

Los desafíos que enfrentan los Centros ponen en riesgo su operación.

4.1 SOSTENIBILIDAD

Un reto importante que enfrentan los CPD es la sostenibilidad, pues, aunque cada uno tiene su historia, y surgió de un contexto específico, existe una preocupación compartida sobre cómo se deben sortear las distintas necesidades económicas y de recursos humanos para su funcionamiento.

Centro de Paz y Diálogo de Zinacantepec

En el caso de Pueblo Nuevo –que es el CPD con más antigüedad–, ha logrado subsistir con el paso de los años gracias al compromiso de quienes lo han operado en el pasado y lo siguen operando, por ejemplo, gracias al acompañamiento del mediador del PJEdoMex, Guillermo Martínez. 

En el caso de San Juan Atzingo, el CPD lleva más de seis meses en operación y ha atendido a más de 50 personas, según su registro. Sin embargo, ante la falta constante de gratificación, la persona que lo opera ha externado su preocupación por la continuación. En los casos de San Miguel Almaya y Zinacantepec, la incertidumbre es mayor debido a su reciente apertura y a la falta de la operación regular. Un reto adicional es la difusión de los centros, así como de los servicios que ofrecen, pues muchas veces, las personas no se acercan porque no los conocen.

4.2 VÍNCULOS CLAVE

Un aspecto clave es la vinculación de los Centros de Paz y Diálogo con las distintas instituciones, así como con la misma comunidad de donde surgen, porque permite entender el grado de presencia, o en su caso, de ausencia de apoyo, visibilidad, legitimidad, reconocimiento y apropiación.

El vínculo con la comunidad no significa que los CPD se asuman como propios pues en ninguna de las entrevistas las personas de las comunidades manifestaron que el CPD le pertenecía a la comunidad.

Autoridades comunitarias de San Miguel Almaya

En cuanto al vínculo entre los centros y otras instituciones, se presentan otros retos. El primer vínculo a considerar es con el PJEdoMex. Aunque el impulso que brinda el PJEdoMex ha sido un factor determinante para la creación de estos Centros de Paz y Diálogo, a través de: el acompañamiento, la logística, el apoyo con el mobiliario necesario para acondicionarlos y de la capacitación para que operen.

El acompañamiento sin un reconocimiento formal resulta en cierta ambivalencia ante las necesidades de sostenibilidad de los centros, específicamente, respecto del ingreso económico para los mediadores, así como también, respecto de la claridad jurídica del trabajo que se realiza, concretamente, de cuáles asuntos se deben mediar y del valor jurídico de los acuerdos que se celebran en los centros, siendo esto último un reto significativo. La ausencia del reconocimiento jurídico de los acuerdos implica, a su vez, la falta de validación de los propios mecanismos comunitarios que son parte de la identidad étnica y de la organización social y política de estos pueblos. Esta carencia de validación resalta la ambivalencia del respaldo del PJEdoMex y subraya la necesidad de esclarecer, o bien, reconocer, los alcances jurídicos del trabajo de los centros, así como el compromiso presupuestario que lo sustenta y que, en gran medida, determina la operación de dichos centros.

 

El segundo vínculo es con la comunidad. El vínculo de los centros con las comunidades se visibiliza en su ubicación, puesto que todos, excepto Zinacantepec, están instalados en las oficinas de alguna autoridad comunitaria. La mera presencia en un lugar de relevancia establece un vínculo con la comunidad. Asimismo, quienes operen los centros contarán con validación comunitaria, pues el cargo les fue otorgado por una decisión en asamblea, además de que cuentan con trabajo y reconocimiento que avalan su trayectoria y experiencia para poder tomar el cargo honorifico. De la misma manera, se visibiliza la estrecha relación de la comunidad con los delegados, excepto en Zinacantepec, pues estos están implicados directa o indirectamente, ya sea porque operan el centro (Pueblo Nuevo), porque les remiten casos (San Juan Atzingo), o porque participan en las gestiones de apertura (San Miguel Almaya) con el PJEdoMex. Las personas usuarias de San Juan Atzingo hablan del centro con agrado, como lo dijo Pilar González, “esto va como progresando, que se nos hace sorprendente que aquí en el pueblo haya uno”.

 

En contraste, la perspectiva del PJEdoMex es que: “estos Centros de Paz y Diálogo son de la comunidad y entonces los tiene que dirigir la comunidad” (Iris Pérez Maruri, mediadora del PJEdoMex).  La idea de que los CPD les pertenecen a las comunidades es todavía más lejana en los Centros de reciente inauguración. Por ejemplo, en San Miguel Almaya, uno de los posibles y futuros facilitadores de este CPD, Óscar Alejandro, presidente del Consejo de Ancianos de San Miguel Almaya, mencionó que no le quedaba claro el objetivo de abrir un espacio para resolver los problemas de la comunidad, ya que, por prácticas ancestrales a lo largo del tiempo, se han resuelto a través del diálogo.

Esto último pone en relieve, por un lado, que las comunidades cuentan con sus propios mecanismos para resolver sus conflictos y, por otro, la institucionalización gubernamental de estas prácticas y mecanismos a través de los CPD. Es decir, se trata de la formalización de prácticas originarias de las comunidades en una estructura institucional, lo cual se manifiesta en la falta de apropiación de las comunidades de esta institucionalización. Además, esta falta de apropiación también se evidencia en el reto de la sostenibilidad, ya que las comunidades sortean las dificultades y los obstáculos para conservar servicios que entienden como propios y que son validados en asamblea. En este caso y, desde la perspectiva de los entrevistados, los centros son del Poder Judicial.

El tercer vínculo clave es con el municipio. El vínculo entre los centros y los ayuntamientos es variado, por ejemplo, en San Miguel Almaya y San Juan Atzingo, la relación con la cabecera municipal se ha visto socavada por distintos conflictos exacerbados por un trato discriminatorio que deviene de décadas atrás y que los ha llevado a reafirmarse como comunidades autónomas. Dos de los centros, Zinacantepec y Pueblo Nuevo, sí mantienen algún tipo de vínculo con el Ayuntamiento de su municipio, ya sea por razones políticas o por compromisos del ayuntamiento para cobijar el CPD. En el caso de Zinacantepec, el secretario del presidente municipal mencionó la posibilidad –siempre que hubiera consenso entre las etnias otomí y náhuatl– de integrarlo y alojarlo en la estructura orgánica municipal; lo cual, al día de hoy, no ha ocurrido. En el caso de Pueblo Nuevo, existió en un inicio una cercanía con el municipio, y principalmente con el objetivo de impulsar su creación, pero no forma parte de la estructura municipal de Acambay y su operación está en manos de la comunidad. La vinculación o falta de esta con los ayuntamientos no determina que los Centros de Paz y Diálogo prosperen o fracasen, aunque les podría resultar beneficioso.

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