REFLEXIÓN 1
Los Centros de Paz y Diálogo amplían el derecho de las personas indígenas de acceder a la justicia, al constituir un espacio para la resolución de conflictos a través del diálogo, en un formato accesible y con pertinencia cultural. Además, por un lado, amplían la capacidad legal de las personas que acuden, pues las orientan y, por otro, no se abstienen de atender los conflictos cuando hay una carencia de documentación oficial, por ejemplo, un acta de nacimiento, matrimonio o título de propiedad. El registro del trabajo que realizan de forma sistemática es, aún una tarea pendiente para evidenciar la importancia de estos centros en la resolución de conflictos y la ampliación del acceso a la justicia en estas comunidades.
REFLEXIÓN 2
Subyace una ambivalencia y contradicción desde la perspectiva intercultural, pues el PJEdoMex ha ayudado a la creación y operación de los CPD, pero sin reconocimiento jurídico. Esta contradicción permea en la falta de apropiación de los centros por parte de las comunidades y, también, en la expectativa que tienen para que el PJEdoMex solvente las necesidades, lo que pone en riesgo su operación cotidiana, como es la remuneración económica de los mediadores y la capacitación continua.
REFLEXIÓN 3
La integración de los CPD a los tejidos comunitarios es de primera importancia para que operen y les sean útiles a la población. Esta integración debe implicar una consulta adecuada, con pertinencia cultural y lingüística para que puedan ser arropados por la comunidad. Esta apropiación comunitaria necesita ir acompañada de una persona que cuente con la legitimidad, validación y reconocimiento comunitario, además de las herramientas necesarias para operar un centro de este tipo. Estos dos componentes son indispensables para la vida de un CPD.
REFLEXIÓN 4
La falta de solución a las problemáticas asociadas a la sostenibilidad pone en riesgo la operación de los centros y la apropiación de la comunidad. Además, se perpetúan las asimetrías sociales, políticas y económicas, ya que son los propios operadores y las comunidades las que terminan asumiendo el desgaste que implica la manutención de los centros, imponiéndoles una carga adicional.